En Bolivia la deforestación en los cursos fluviales altos ha causado problemas medioambientales, entre ellos erosión del suelo y disminución de la calidad del agua. Un proyecto innovador para remediar la situación establece que los usuarios del agua río abajo paguen a los propietarios de tierras río arriba para conservar sus bosques. Los propietarios reciben 20 dólares norteamericanos ($) para conservar los árboles, evitar prácticas ganaderas contaminantes y favorecer la biodiversidad y la fijación de carbono por el bosque en su propiedad. También reciben 30 $ para la compra de una colmena, lo que les compensa por la conservación de 2 hectáreas de bosque durante 5 años, de manera que se proteja una fuente de agua. Los ingresos por hectárea de la miel recolectada ascienden a 5 $ anuales, de modo que en 5 años ascienden a 50 $ para el propietario. El proyecto lo llevan la Fundación Natura Bolivia y la organización ecologista Rare, con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo.

En China el Estado paga 7 500 yuanes anuales por hectárea (equivalentes en 2018 a unos 937 euros) durante 5 años a los agricultores de zonas señaladas como prioritarias para la reforestación si abandonan sus cultivos, plantan árboles y se dedican a cuidarlos, limpiando el follaje.

México paga poco por cuidar los bosques

Dos días a la semana, el campesino Eduviges Velázquez Sandoval recorre trechos de las 3,000 hectáreas de bosque que posee colectivamente en la Reserva de la Biosfera de Manantlán. Vigila que no talen árboles los leñadores clandestinos o miembros de su misma comunidad. “Poco a poco te vas dando cuenta de la importancia del cuidado del medio ambiente”, dice Velázquez, presidente de bienes comunales de la comunidad de Zacualpan, en Colima.

En esta sierra, como en tantas partes del país, ganarle tierra al bosque ha sido una práctica habitual por muchísimos años. Ahora, algunos esfuerzos, públicos y privados, buscan cambiar esto y hacer que les convenga más conservar que devastar. Velázquez y su comunidad reciben un ‘pago de servicios ambientales’, como parte del programa ProÁrbol del gobierno federal. Algunas empresas en Oaxaca ya pagan un importe a comunidades por conservar.

Estas iniciativas lo que buscan es desarrollar un ‘mercado’ de servicios ambientales, un concepto todavía polémico. Hay quienes afirman que el gobierno es el único obligado a financiar la conservación, y otros consideran que ésta es obligación de los beneficiarios directos, como los usuarios de agua, las personas que disfrutan de la belleza escénica.

El programa federal tiene dos etapas. En la primera, otorga a los propietarios de bosques y selvas, 340 pesos por hectárea al año para financiar labores de conservación. Unas 1,000 de las 3,000 hectáreas de la comunidad de Zacualpan están en el programa. Eduviges Velázquez y sus compañeros reciben al año 340,000 pesos para compra de equipo y pago del mantenimiento de brechas contra fuego y la vigilancia.

En una segunda fase, que dura cinco años, los propietarios contratarán a un asesor aprobado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para elaborar un plan de conservación y para desarrollar proyectos de venta de los servicios ambientales.

Estos proyectos tendrían que garantizar el financiamiento de la conservación a largo plazo. “El objetivo es que sean autosuficientes para que ProÁrbol pueda irse retirando”, afirma Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales de la CONAFOR.